viernes, 5 de abril de 2013

Obligaciones extracontractuales



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1- COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

Derecho uniforme (derecho convencional). En virtud del art 71.1 del RB I, el Reglamento no afecta a los Convenios en los que los Estados son parte y que, en materias particulares, regulan la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución:

• Convenio de Bruselas para la unificación de ciertas reglas relativas a la competencia civil en materia de abordaje.

• Convenio de Roma sobre daños causados a terceros en la superficie por aeronaves extranjeras.

• Convenio de París sobre responsabilidad civil en materia nuclear.

• Convenio de Bruselas sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos.

Derecho institucional. Reglamento 44/2001 del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (RB I). Entró en vigor el 1 de marzo de 2002

Según este reglamento, en materia delictual o cuasidelictual los tribunales españoles serán competentes:

a. Foro nivel 1- Cuando se trate de una de las materias exclusivas (art 22).

b. Foro nivel 2- Cuando exista sumisión a los tribunales españoles en los términos establecidos en los artículos 23 y 24. La sumisión tácita se ve al final.

c. Foros nivel 3- Cuando el domicilio del demandado esté en España (foro general del domicilio del demandado, art 2). Cuando sea España el país donde se hubiera producido o hubiere de producirse el hecho dañoso (foro especial por razón de la materia, art 5. 3). La condición espacial para este foro es que el domicilio del demandado esté en un Estado miembro.

Cuando se trate de acciones por daños y perjuicios o de acciones de restitución fundamentadas en un acto que diese lugar a un procedimiento penal, será competente el tribunal que conociere de dicho proceso, en la medida en que, de conformidad con su ley, dicho tribunal pudiere conocer de la acción civil (art 5.4 RB I)

Derecho convencional. Existen convenios multilaterales de carácter general y convenios bilaterales

Convenios multilaterales de carácter general:

• Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial internacional y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (CB). Entró en vigor el 1 de febrero de 1991 • Convenio de Lugano de 16 de septiembre de 1988 relativo a la competencia judicial internacional y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (CL). Entró en vigor el 1 de noviembre de 1994

Convenios bilaterales:

• Convenio entre España y el Salvador de 7 de noviembre de 2000 sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil.

• Convenio entre España y Rumanía de 17 de noviembre de 1997 sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil. No aplicable desde la entrada de Rumanía en la UE

Cuando no se cumplen las condiciones espaciales del sistema Bruselas-Lugano hay que acudir a la LOPJ o a los convenios bilaterales.

Derecho autónomo. Siendo de aplicación el art 22 LOPJ (el demandado no está domiciliado en el “territorio Bruselas”), nuestros tribunales podrán ser competentes, bien en virtud de sumisión expresa prevista en el art 22.2 LOPJ, o bien en virtud del fuero especial por razón de la materia contemplado en el art 22.3 LOPJ. Según este artículo, “en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho del que deriven haya ocurrido en territorio español o el autor del daño y la víctima tengan su residencia habitual común en España”

2-LEY APLICABLE

Derecho institucional. En primer lugar, son de aplicación las leyes estatales surgidas por transposición de Directivas comunitarias

Derecho convencional. Los convenios internacionales de Derecho uniforme contienen normas materiales. En lo no regulado por estos convenios habrá que estar a lo establecido en el art 10.9 del CC. Entre otros están:

Convenio de Bruselas para la unificación de ciertas reglas en materia de abordaje, de 23 de septiembre de 1910.

Convenio de Roma sobre daños causados a terceros en la superficie por aeronaves extranjeras de 7 de octubre de 1952.

Convenio de París sobre responsabilidad civil en materia nuclear, de 29 de julio de 1960.

Convenio de Bruselas sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos de 29 de noviembre de 1969.

Existen dos convenios de derecho conflictual, se trata de convenios universales que desplazan parcialmente al art 10.9 del CC. Estos convenios son:

Convenio de la Haya de 4 de mayo de 1971 sobre ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera

Convenio de la Haya de 2 de octubre de 1973 sobre ley aplicable a la responsabilidad por productos

Derecho autónomo. El artículo 10.9 del CC: “Las obligaciones no contractuales se regirán por la Ley del lugar donde hubiere ocurrido el hecho de que deriven. La gestión de negocios se regulará por la Ley del lugar donde el gestor realice la principal actividad. En el enriquecimiento sin causa se aplicará la Ley en virtud de la cual se produjo la transferencia del valor patrimonial en favor del enriquecido.”

Este artículo contempla una norma general (las obligaciones no contractuales) y dos normas especiales, una para una figura de los cuasicontratos, la gestión de negocios ajenos y la otra, para una obligación exlege, el enriquecimiento injusto.

3-RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE DECISIONES JUDICIALES Y DOCUMENTOS

Derecho uniforme (derecho convencional). En virtud del art 71.1 del RB I, el Reglamento no afecta a los Convenios en los que los Estados son parte y que, en materias particulares, regulan la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución

Derecho institucional

Reglamento 44/2001 del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (RB I). Entró en vigor el 1 de marzo de 2002.

Reglamento 805/2004 de 21 de abril de 2004 por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados.

Derecho convencional. Existen convenios multilaterales de carácter general y convenios bilaterales

Convenios multilaterales de carácter general:

• Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial internacional y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (CB). Entró en vigor el 1 de febrero de 1991.

• Convenio de Lugano de 16 de septiembre de 1988 relativo a la competencia judicial internacional y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (CL). Entró en vigor el 1 de noviembre de 1994.

Convenios bilaterales sobre reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras suscritos por España.

Derecho autónomo. Artículos 951-958 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil que se mantienen en vigor tras la entrada de la nueva LEC, hasta tanto no se dicte la proyectada Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil.

ACLARACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE RB-I (Artículo 5.3).

“Las personas demandadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro………3-En materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso” Elart 5.3 del RB I significa, que en materia delictual o cuasidelictual, son competentes los tribunales españoles cuando sea España el país donde se hubiere producido o hubiese de producirse el hecho dañoso, siempre que el demandado estuviese domiciliado en un Estado miembro. En este artículo se recoge el fuero especial por razón de la materia. Vamos a analizarlo.

El alcance material de este fuero viene determinado por los conceptos de:

Materia delictual o cuasidelictual

Lugar donde se hubiese producido o pudiere producirse el hecho dañoso.

Materia delictual o cuasidelictual. Existe la necesidad de la interpretación de esta materia para asegurar la plena eficacia del Reglamento y garantizar una solución uniforme, dadas las divergencias significativas existentes entre los ordenamientos de los Estados miembros.

El concepto autónomo de materia delictual o cuasidelictual incluye, según el TJCE, todas las demandas dirigidas a exigir la responsabilidad de un demandado y que no están relacionadas con la materia contractual, siendo ésta aquella situación en la que existe un compromiso libremente asumido por una parte frente a otra. El art 5.3 tiene, por tanto, carácter residual: cuando una obligación no esté incluida en el ámbito del art 5.1 se aplica el art 5.3.

Lugar donde se hubiese producido o pudiere producirse el hecho dañoso. La concreción del foro del lugar del hecho dañoso, reviste algunas dificultades en supuestos de disociación en el espacio del lugar del hecho generador y del lugar del daño (ilícitos a distancia) y en el supuesto de daños localizados en el territorio de varios Estados (plurilocalización de daño).

Ilícitos a distancia. EL TJCE ha decidido que por lugar donde se hubiese producido el hecho dañoso debe entenderse tanto el lugar donde el daño ha sobrevenido como el lugar del hecho causal, pudiendo el demandante elegir cualquiera de los dos foros (interpretación amplia).

Plurilocalización del daño. La opción entre el lugar del hecho causal y el lugar del daño, no resuelve los casos de dispersión del daño en distintos Estados. En la práctica pueden producirse tres hipótesis:

El hecho ilícito causa un daño inicial a la víctima directa y daños ulteriores a otros sujetos (víctimas indirectas). La víctima indirecta no puede plantear la demanda ante el tribunal donde se ha manifestado el daño sufrido por ella.

El hecho ilícito causa un daño inicial a la víctima directa en un lugar determinado, pudiendo tener repercusiones físicas o patrimoniales sobre esa misma víctima en otros lugares. El foro del art 5.3 no puede ser interpretado tan extensivamente como para que pueda englobar cualquier lugar donde puedan experimentarse las consecuencias perjudiciales de un hecho que ya ha causado un daño en otro lugar.

El hecho ilícito causa daños a la misma víctima en lugares diversos. El TJCE reconoce competencia a los tribunales de cada uno de los Estados donde se haya producido el daño, para conocer exclusivamente de los daños causados en el territorio de su jurisdicción. Para evitar la atomización del litigio, la víctima puede concentrar todas sus demandas ante los tribunales del domicilio del demandado o ante los del Estado del lugar del hecho dañoso.